Administraciones y empresas incumplen en Galicia la ley de protección de datos
Cada vez que nos damos de alta en un servicio municipal, cuando pagamos una compra con una tarjeta de crédito o firmamos una hipoteca, entregamos una receta para un medicamento... en situaciones como éstas, habituales del día a día, nuestros datos personales van de mano en mano. Información confidencial muchas veces que corre el peligro de caer en archivos que el consumidor desconoce.
Hay una ley desde hace 15 años en España que obliga a empresas y administraciones a proteger la intimidad de los ciudadanos mediante la inscripción de este tipo de comunicaciones en un registro de la Agencia Nacional de Protección de datos. Un deber que incumplen la mayoría de organismos públicos y compañías en Galicia, según un informe que acaba de elaborar el Observatorio Galego da Sociedade da Información.
Sólo un 9,55% de todas las empresas que desarrollan su actividad en la comunidad echan mano de estos ficheros, que garantizan que la información de sus clientes no podrá usarse, por ejemplo, para que otras firmas realicen algún tipo de estudio o para enviar publicidad. El otro 90,45% de las compañías, más de 180.000, no se han adaptado todavía a la normativa. Las que sí lo han hecho tienen un total de 65.700 ficheros protegidos -se suelen inscribir uno por cada servicio prestado-, lo que supone una media por cada empresa de 2,88. Datos a cierre del tercer trimestre del pasado año que reflejan un importante crecimiento en los últimos ejercicios, con el doble de ficheros que en 2004. Casi un 41%, de usuarios de la provincia de A Coruña; el 35,8% de la de Pontevedra; por encima del 15%, de Lugo; y el 7,7% restante, de Ourense.
Pese a que el porcentaje de empresas que protegen los datos personales en Galicia es todavía muy baja en la década y media que lleva la ley en vigor, el incremento en la comunidad en el número de firmas y ficheros registrados es muy superior a la media nacional. Según el Observatorio da Sociedade da Información, hubo una "primera etapa de igualdad" hasta 1999, a la que siguieron tres años de una fuerte tendencia alcista en el conjunto del Estado frente al estancamiento entre las compañías gallegas, y un momento de acelerón a partir de 2004, con un volumen mucho mayor aquí. En sólo doce meses, el número de ficheros en Pontevedra se disparó un 65%; un 26% en A Coruña; y por encima del 30% en el resto de Galicia.
¿Qué ocurre con los organismos públicos, que manejan tanta o más información que las empresas? El análisis es más complicado. No existe un listado completo del total de ficheros solicitados por la Xunta y todas sus sociedades, las diputaciones y los ayuntamientos; ni tampoco el número total de entidades que controlan y a través de las cuales prestan servicios.
Aún así, la radiografía de la protección de datos entre las administraciones gallegas no es demasiado alentadora. A finales de 2006, había un total de 768 ficheros relacionados con la Xunta, muy pocos si tenemos en cuenta que en ese saco están o deberían estar desde los datos que posee Augas de Galicia, los recaudadores tributarios, los inspectores de Educación o de Trabajo, la área de servicios sociales, los listados de asociaciones que solicitan subvenciones... Entre 2005 y 2006, el número de ficheros protegidos se incrementó un 2,54% en la Administración autonómica, medio punto por encima de la media nacional. En el caso concreto de los concellos, los ficheros ascendían a 1.609, según el informe del organismo dependiente de la Consellería de Innovación e Industria.
No es una excepción en comparación con el resto de comunidades. "Suspenso general" para todas, posiblemente porque la Ley Orgánica 15/1999 esté considerada una de las normas en materia de protección de datos más restrictivas del mundo. Aunque hay otras probables causas. Un estudio de la Consultora Helas en 2004 señalaba que el incumplimiento puede deberse al elevado grado de desconocimiento que existe, sobre todo entre los empresarios y más concretamente los que tienen negocios más pequeños, alrededor de la ley. Por eso, la presencia dentro de las compañías de equipos destinados a velar por la protección de la información que tienen almacenada es prácticamente anecdótica. Hasta la Comisión Europea -de la que partieron las directrices para exigir la protección de los datos personales de los consumidores- es consciente del tímido impacto de la normativa entre los españoles a la vista de los resultados de una encuesta que encargó en 2003: hasta el 70% nunca había oído hablar de la existencia de la ley y un 76% no sabía que existen sanciones para los que no protejan la información.
La inscripción del fichero no es, además, suficiente. Las empresas y organismos públicos están obligados a adoptar medidas dentro de la organización y realizar auditorías.
Fuente: Faro de Vigo (Julio Pérez)
14 de Mayo 2008 |
